Ante las expresiones del subsecretario de Derechos Humanos José Luis Valenzuela creemos necesarias algunas reflexiones: la esclavitud de personas en el siglo XXI no es algo nuevo en la historia de nuestro país. A fines del siglo XIX, las corrientes migratorias que venían de Europa traían consigo costumbres que hoy en día siguen siendo practicadas por infinidad de inescrupulosos y ávidos de dinero.
Entre estas costumbres se encuentran los antecedentes de las hoy llamadas Redes de Trata de personas.
Según el investigador Gerardo Bra (1999), en 1879 llegaron a la Argentina los primeros inmigrantes judíos. Entre ellos se encontraba un grupo de polaco, rumanos y rusos que se dedicaron al negocio de la prostitución con mujeres, en su mayoría polacas que traían engañadas de Europa del Este (Polonia, Rusia, Ucrania, entre otros).
Este grupo, con la promesa de casar a las mujeres con inmigrantes radicados en la Argentina convencía a sus familias, por lo general campesinos analfabetos, para que autorizaran el viaje. Estas situaciones eran posibles porque los rufianes aprovechaban las humildes condiciones de vida que tenían las familias de las que procedían estas muchachas.
Pero en Argentina todo era distinto, en una tierra extraña, con un idioma incomprensible, pronto irían a para al infierno de la explotación sexual. Según investigaciones fueron más de tres mil mujeres las que corrieron esa suerte. Cada día tenían que atender a cincuenta clientes, que pagaban 2 pesos cada uno por el servicio de esas polaquitas, cuya cotización era inferior a la de las francesas, que recibían 5 pesos por el mismo trabajo.
A nuestro país llegaban en barco al río de la Plata en conjuntos de diez o doce mujeres. Desde Buenos Aires las distribuían al resto del territorio y luego eran obligadas a ejercer la prostitución.
Cuando hablamos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, hablamos de la forma más terrible de violencia hacia las mujeres, y la historia nos muestra que aún hoy está vigente el concepto de mercancía que se tiene del cuerpo de las mujeres, a través de patrones culturales fuertemente arraigados en nuestra sociedad, que de alguna manera naturalizan la violencia ejercida hacia las mujeres.
Es por ello que las funcionarias y funcionarios públicos en representación del Estado y de toda la sociedad deben cumplir un rol importante en este proceso de lucha contra la trata. Deben referirse a la problemática de trata de personas, utilizando un lenguaje acorde. En ese sentido, lamentamos los dichos del subsecretario Valenzuela, quien expresó que mientras exista alguien quien lo pague, habrá trata de blancas. Consideramos que ya no hay lugar para eso. Es un término añejo, que abordaba una realidad distinta de la actual: una época cuando las negras, las indias podían ser legalmente esclavas y sólo se consideraba trata el comercio de cuerpos de mujeres blancas, mayoritariamente polacas y francesas. Hoy no es legal comprar y vender personas de ninguna raza, etnia, grupo social o lugar de residencia. Es más, los proxenetas no hacen distinción de sus víctimas por esas causas.
Insistimos, el lenguaje no es una cuestión menor, y es una responsabilidad mayor para un funcionario de Derechos Humanos conocer la problemática.
NANCY SOTELO
(Movimiento de Mujeres Juana Azurduy)
Resistencia
Según el investigador Gerardo Bra (1999), en 1879 llegaron a la Argentina los primeros inmigrantes judíos. Entre ellos se encontraba un grupo de polaco, rumanos y rusos que se dedicaron al negocio de la prostitución con mujeres, en su mayoría polacas que traían engañadas de Europa del Este (Polonia, Rusia, Ucrania, entre otros).
Este grupo, con la promesa de casar a las mujeres con inmigrantes radicados en la Argentina convencía a sus familias, por lo general campesinos analfabetos, para que autorizaran el viaje. Estas situaciones eran posibles porque los rufianes aprovechaban las humildes condiciones de vida que tenían las familias de las que procedían estas muchachas.
Pero en Argentina todo era distinto, en una tierra extraña, con un idioma incomprensible, pronto irían a para al infierno de la explotación sexual. Según investigaciones fueron más de tres mil mujeres las que corrieron esa suerte. Cada día tenían que atender a cincuenta clientes, que pagaban 2 pesos cada uno por el servicio de esas polaquitas, cuya cotización era inferior a la de las francesas, que recibían 5 pesos por el mismo trabajo.
A nuestro país llegaban en barco al río de la Plata en conjuntos de diez o doce mujeres. Desde Buenos Aires las distribuían al resto del territorio y luego eran obligadas a ejercer la prostitución.
Cuando hablamos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, hablamos de la forma más terrible de violencia hacia las mujeres, y la historia nos muestra que aún hoy está vigente el concepto de mercancía que se tiene del cuerpo de las mujeres, a través de patrones culturales fuertemente arraigados en nuestra sociedad, que de alguna manera naturalizan la violencia ejercida hacia las mujeres.
Es por ello que las funcionarias y funcionarios públicos en representación del Estado y de toda la sociedad deben cumplir un rol importante en este proceso de lucha contra la trata. Deben referirse a la problemática de trata de personas, utilizando un lenguaje acorde. En ese sentido, lamentamos los dichos del subsecretario Valenzuela, quien expresó que mientras exista alguien quien lo pague, habrá trata de blancas. Consideramos que ya no hay lugar para eso. Es un término añejo, que abordaba una realidad distinta de la actual: una época cuando las negras, las indias podían ser legalmente esclavas y sólo se consideraba trata el comercio de cuerpos de mujeres blancas, mayoritariamente polacas y francesas. Hoy no es legal comprar y vender personas de ninguna raza, etnia, grupo social o lugar de residencia. Es más, los proxenetas no hacen distinción de sus víctimas por esas causas.
Insistimos, el lenguaje no es una cuestión menor, y es una responsabilidad mayor para un funcionario de Derechos Humanos conocer la problemática.
NANCY SOTELO
(Movimiento de Mujeres Juana Azurduy)
Resistencia
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